Hubo un tiempo, nada lejano, en el que las redes sociales abrazaron el fact-checking. Nacido en la primera década del presente siglo como un movimiento de reforma dentro del periodismo norteamericano, la verificación pretendía superar la objetividad entendida como ‘falso equilibrio’ entre las partes para abrazar la idea de que la verdad está en el dato y no en el relato.
El fact-checking conocería momentos de gran popularidad en España, como la sección ‘Maldita Hemeroteca’ dentro del programa de televisión ‘El Objetivo’ (La Sexta), que debutó en 2014 en las noches de los domingos adoptando el ‘truth-o-meter’ de Politifact, sometiendo las afirmaciones de los políticos a las categorías de ‘verdadero’, ‘falso’ y ‘engañoso’.
La era dorada de la verificación (al menos desde el punto de vista financiero) llegaría en la segunda mitad de la década de 2010, cuando grandes corporaciones como Google o Facebook decidieron incorporar el fact-checking a su operativa para contrarrestar la ‘posverdad’ (el sometimiento de los hechos a la emoción) y la desinformación (campañas de influencia extranjera). Así, los resultados de búsqueda en Google mostraban verificaciones de ciertas afirmaciones, mientras que en Facebook los posts denunciados por los verificadores eran eliminados o degradados por el algoritmo.
Todo cambió en 2022. Desde su residencia en Mar-a-Lago, un Trump destronado denunciaba el régimen de censura izquierdista (left-wing censorship regime). Musk compraba Twitter ese mismo año, convirtiendo la imperfecta plaza pública global en un abrevadero de la extrema derecha. En cuanto Trump recuperó el poder en 2025, Mark Zuckerberg anunció el final de su colaboración con los fact-checkers en Estados Unidos. El desacoplamiento de las plataformas tendría graves consecuencias: los gobiernos autoritarios de medio mundo se sintieron legitimados para dar caza a los verificadores. Irónicamente, el país que alumbró el movimiento del fact-checking prohíbe ahora las visas para investigadores que deseen investigar la desinformación desde Estados Unidos.
Lucas Graves, el académico de referencia en el estudio de la verificación, es en la actualidad uno de los talentos norteamericanos que ha captado el programa Atrae del Ministerio español de Ciencia, Innovación y Universidades. Este miércoles, 4 de marzo de 2026, hacía balance del estado del fact-checking en un seminario abierto del grupo de investigación en Comunicación, Políticas & Ciudadanía de la Universidad Carlos III de Madrid, su nueva casa académica.
Según datos del Duke Reporters Lab citados por Graves, la mitad de las 450 organizaciones de fact-checking que operaban en 2025 se encuentran en el sur global. En 2016 el número de verificadores se situaba en 145 organizaciones. Un crecimiento de un 210% en apenas una década, en gran medida gracias al músculo financiero de Facebook y Google. Algo más de la mitad de los verificadores están afiliados a medios periodísticos, pero el resto son activistas independientes o ‘brazos’ de organizaciones de la sociedad civil.
El impulso ofrecido por las plataformas ha sido crucial. Graves lo desglosa en cuatro ámbitos:
1.- Apoyo financiero. En 2022 Meta presumía de haber invertido más de 100 millones de dólares en financiar verificadores, mientras que Google cifraba su apoyo en 75 millones entre 2018 y 2022.
2.- Impacto. Los fact-checkers estaban integrados en el ecosistema donde las audiencias se exponían a los bulos, permitiéndoles moderar posts en Facebook o aparecer en búsquedas de Google apostillando la veracidad de ciertas afirmaciones.
3.- Legitimidad. Contar con el apoyo de Google o Facebook permitía a los verificadores entrar en un círculo virtuoso que les abría las puertas de agencias gubernamentales, organizaciones filantrópicas y medios de comunicación.
4.- Institucionalización. Antes de la entrada de las plataformas, la International Fact-Checking Network (IFCN) era poco más que una lista de correo y un congreso anual. La colaboración con Meta le obligó a controlar con más rigor quién entraba a formar parte de la red, forzando la aprobación de unos estatutos, un código ético, elecciones para renovar cargos…
Ahora que las plataformas se han retirado, ¿qué futuro le espera a las organizaciones de verificación? Graves ve amenazas y oportunidades. Ya no hay conflicto de intereses para que las propias plataformas puedan ser objeto de auditoría por parte de los fact-checkers. También pueden seguir demostrando su valía destapando estafas a los consumidores, en lugar de gastar sus energías en desmentir pequeños bulos. Y pueden pasar de regular el discurso en la sala de máquinas de las plataformas a ocupar un papel más protagónico, colaborando con influencers y combinando pequeños vídeos en Tik Tok con piezas explicativas más largas en forma de newsletter.
El futuro es a la vez incierto y apasionante. La industria de la desinformación no descansa y ya hay estrategias de AIEO (Artificial Intelligence Engine Optimization), una evolución del SEO (Search Engine Optimization) para que las respuestas de los agentes de Inteligencia Artificial estén contaminadas por las partes interesadas. ¿Qué papel le corresponde a los fact-checkers en este nuevo escenario? La respuesta es abierta, lo único seguro es que Lucas Graves la seguirá buscando.
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